QUITO – En una decisión que marca un antes y un después en la administración pública local, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esta reforma al COOTAD busca frenar el gasto excesivo en burocracia y garantizar que los recursos lleguen a los servicios básicos de los ciudadanos.
¿En qué consiste la nueva normativa?
La ley establece un límite estricto al uso de los fondos públicos que reciben municipios y prefecturas. El objetivo es que la mayor parte del presupuesto se traduzca en obras tangibles:
- 70% para Inversión: Estos recursos deben destinarse exclusivamente a proyectos de agua potable, alcantarillado, vialidad, saneamiento y servicios básicos.
- 30% para Gasto Corriente: Este es el nuevo tope máximo para el pago de salarios, viáticos, servicios administrativos y publicidad.
Aplicación progresiva: El reloj corre para los Alcaldes
Para evitar un colapso administrativo en los municipios que actualmente superan estos límites, la ley entrará en vigencia de manera escalonada:
- Junio 2026: Los GAD deberán cumplir con un mínimo del 65% en inversión.
- Meta 2028: Todos los municipios deberán estar alineados estrictamente al 70/30.
¿Qué pasa con los gastos y la polémica?
Fiestas y Eventos: La ley busca frenar el gasto excesivo en artistas y tarimas. Se mencionó en el debate que algunos municipios gastan cientos de miles de dólares en festividades mientras no tienen agua potable.
- Servicios Sociales en Riesgo: Ojo con esto, amiga. Varios sectores advierten que, al limitar el gasto corriente, municipios grandes (como Quito, Guayaquil o Cuenca) podrían tener problemas para financiar centros de salud municipales, guarderías (como los Quito Wawas) y programas de atención a mujeres, porque esos sueldos ahora cuentan como «gasto corriente».
- Sanciones: El Ministerio de Finanzas hará seguimientos trimestrales. Si un municipio no cumple, el Gobierno podría retener o condicionar las transferencias de recursos.
