La Unión Nacional de Educadores (UNE), liderada por su presidente Andrés Quishpe, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, publicada el 26 de junio en el Registro Oficial.
Según la UNE, esta normativa afecta derechos adquiridos de jubilación y compensación económica de los servidores públicos, especialmente en los sectores de educación y salud. La principal objeción recae en la reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), que eleva la edad mínima para acceder a una jubilación voluntaria con compensación desde los 60 hasta los 65 años, lo que, según Quishpe, vulnera el principio de progresividad de derechos y perjudica económicamente a quienes ya cumplían los requisitos.
La UNE sostiene que este cambio implicaría la pérdida de compensaciones de hasta 150 salarios básicos, afectando la estabilidad financiera y el proyecto de vida de miles de trabajadores públicos. Por ello, ha confirmado que emprenderá acciones legales para revertir lo que consideran una vulneración constitucional.
