La nueva Ley de Integridad Pública introduce importantes reformas económicas. Una de las más destacadas es la unificación de las juntas de Política Monetaria y Financiera, volviendo al modelo previo a 2021. Esta decisión busca mejorar la gestión técnica y preservar la dolarización.
Además, la nueva junta deberá iniciar en 30 días la revisión de cooperativas que podrían convertirse en bancos, con el fin de fortalecer la protección de los ahorros ciudadanos. Mientras el sector bancario respalda esta medida, las cooperativas expresan su rechazo.
También se otorgan nuevas facultades al Banco Central, permitiéndole contratar créditos externos y seguros sobre el precio de commodities como el petróleo, para enfrentar crisis de liquidez y proteger la economía.
La ley incluye una remisión tributaria: perdón total de intereses, multas y recargos para quienes paguen sus deudas fiscales hasta diciembre de 2025, aunque esta medida no fue propuesta por el Ejecutivo.
