La jornada de protestas del 22 de septiembre de 2025, convocadas por la Conaie contra la eliminación del subsidio al diésel, dejó uno de sus episodios más tensos en Otavalo. Según la versión oficial del Gobierno, la Policía y la Fiscalía, un grupo de manifestantes atacó el cuartel policial y la Policía Judicial de la ciudad, provocando el incendio de varios vehículos, tanto oficiales como particulares, y agresiones directas contra los uniformados.
Tras esos hechos, fueron detenidas 13 personas. Entre ellas se encontraban dos ciudadanos extranjeros que, según el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior, John Reimberg, habrían ingresado ilegalmente al país y estarían vinculados al Tren de Aragua, la peligrosa banda criminal venezolana. Sin embargo, en la audiencia judicial esa supuesta conexión no fue sustentada ni mencionada por la Fiscalía.
La tarde del 23 de septiembre, la jueza Karol Zambrano, de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, presidió la audiencia de flagrancia y formulación de cargos. El fiscal Galiano Balcázar presentó como base un parte policial firmado por siete agentes, donde se detallaba el ataque, el uso de bombas molotov y “bazucas artesanales”, así como el robo de una alimentadora de arma y un chaleco antibalas.
Organizaciones sociales denunciaron inicialmente la desaparición de dos de los detenidos —Gina Betel C. T. y Washington Jeremy L. P.—, quienes finalmente estuvieron presentes con abogados particulares durante la diligencia.
Tras escuchar a la Fiscalía y a las defensas, la jueza Zambrano declaró legal la detención y dio paso a la formulación de cargos por terrorismo, un delito que contempla penas de entre 19 y 22 años de cárcel. Como medida cautelar, dictó prisión preventiva para 12 procesados, mientras que Gina Betel recibió medidas alternativas.
Este proceso se convierte en uno de los casos más fuertes de judicialización de las protestas de septiembre de 2025, con un trasfondo político y social que sigue generando debate, especialmente por los señalamientos del Gobierno sobre el Tren de Aragua que no fueron ratificados en sede judicial.
