En un fallo que pone fin a diez años de impunidad, un Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua sentenció a Rigoberto Rodrigo C. L. a veintinueve (29) años de prisión por el delito de violación contra una menor de 11 años. Los hechos, que se remontan a abril de 2015 en el sector de Santa Rosa, dejaron a la víctima con graves secuelas físicas y un trauma craneoencefálico tras ser atacada en su propio domicilio mientras se encontraba sola. Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá pagar una multa de 276.000 dólares, equivalente a seiscientos salarios básicos unificados.
El camino hacia la justicia fue complejo y estuvo marcado por un cierre inicial del caso en 2015, luego de que pruebas de ADN descartaran a un primer sospechoso detenido injustamente. Sin embargo, el proceso tomó un giro decisivo en 2020, cuando la víctima logró identificar plenamente a su agresor: un hombre que, en la época del crimen, se dedicaba a la venta de golosinas en los exteriores de su unidad educativa. Este reconocimiento permitió a la Fiscalía General del Estado reabrir la investigación y localizar a Rigoberto Rodrigo C. L. para dar inicio a un nuevo proceso penal.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó pruebas irrefutables que ratificaron la culpabilidad del procesado, destacando un análisis de ADN de la proteína P-30 que coincidió con las muestras biológicas del sentenciado. A este peritaje se sumaron el testimonio anticipado de la víctima en cámara de Gesell, informes psicológicos y de entorno social, y exámenes médicos ginecológicos. Con estos elementos, el sistema judicial cierra un ciclo de dolor para la familia, ratificando la responsabilidad penal de quien aprovechó su cercanía al entorno escolar de la niña para perpetrar el crimen.
