El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que a partir del 21 de enero suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una directriz de la administración de Donald Trump orientada a endurecer los controles migratorios. La medida se basa en una orden emitida en noviembre que amplió el concepto de “carga pública”, permitiendo a las autoridades negar la residencia permanente o estatus legal a solicitantes que puedan requerir asistencia social en el futuro.
Entre los países afectados en América se encuentran Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. A nivel global, la suspensión también incluye a naciones de África, Asia y Europa del Este, como Afganistán, Albania, Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Camerún, Egipto, Etiopía, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, Rusia, Siria, Sudán, Yemen, entre otros, hasta completar un total de 75 países.
El Departamento de Estado aclaró que la medida no afectará a las visas no inmigrantes, como las de turismo o negocios, que constituyen la mayoría de solicitudes y cuya demanda podría aumentar por eventos como el Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028. No obstante, los funcionarios consulares deberán aplicar evaluaciones más estrictas, considerando factores como edad, salud, situación económica, nivel educativo, habilidades, historial de uso de asistencia pública y dominio del inglés, con el objetivo de limitar aún más el acceso a la inmigración legal hacia Estados Unidos.
