En una sentencia que sienta un precedente sobre la seguridad digital y la violencia de género en Tungurahua, la justicia condenó a diez años de cárcel a Alan Steven T. P. El procesado fue hallado culpable del delito de extorsión, tras confirmarse que sometió a su expareja a un sistemático acoso mediante amenazas, coacción psicológica y el uso de plataformas de mensajería para exigir dinero y contenido íntimo.
El calvario de la víctima se intensificó entre mayo y junio de 2025. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el sentenciado utilizaba cuentas de WhatsApp y Telegram para exigir el pago de 3.000 dólares. El sujeto amenazaba con difundir fotografías y videos privados de la mujer, además de asegurar que atentaría contra su familia. El nivel de intimidación era tal que el agresor demostraba conocer con precisión quirúrgica los horarios universitarios de la víctima y sus rutas de transporte cotidiano.
La caída del extorsionador se produjo gracias a un operativo estratégico liderado por la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase). El 11 de junio de 2025, en las inmediaciones del Municipio de Ambato, los agentes capturaron a Alan Steven T. P. en flagrancia. Previo a este golpe policial, la víctima, bajo una presión insoportable, ya se había visto obligada a entregar una parte del dinero exigido, lo que sirvió como prueba clave dentro del proceso.
Durante el juicio, la Fiscalía desplegó un arsenal de evidencias contundentes, incluyendo peritajes informáticos de los teléfonos celulares, transcripciones de los chats extorsivos e informes psicológicos que confirmaron el grave daño emocional sufrido por la joven. El Tribunal determinó que el acusado actuó con dolo, violando el artículo 185 del COIP. Actualmente, la víctima recibe acompañamiento permanente a través del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos (Spavt), mientras se espera la liquidación de los montos por reparación integral.
