La Corte Constitucional declaró este martes 10 de marzo de 2026 que la desaparición de cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil, fue una desaparición forzada cometida por una patrulla militar. El caso ocurrió en diciembre de 2024 y generó conmoción en todo el país. Por estos hechos, once soldados ya fueron condenados en la justicia ordinaria a 34 años de prisión.
En su sentencia, el máximo organismo de control constitucional señaló que lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, incompatible con los principios del Estado y el respeto a la dignidad humana.
La decisión se dio tras aceptar una acción extraordinaria de protección presentada por los familiares de los menores, luego de que en 2025 un tribunal revocara un hábeas corpus que había reconocido inicialmente la desaparición forzada de los niños.
Tras revisar el caso, la Corte determinó que los menores fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por una patrulla militar y que el Estado no entregó información clara ni oportuna sobre su detención ni sobre su paradero.
Además, el organismo concluyó que los jueces que negaron el recurso constitucional vulneraron el derecho al debido proceso, al no analizar de forma completa las denuncias presentadas por las familias.
Como parte de la sentencia, la Corte ordenó varias medidas de reparación integral. Entre ellas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado, que deberá ser realizado por el Comandante General de la Fuerza Aérea en el lugar que determinen los familiares y con difusión nacional.
También dispuso la incorporación del caso en el Museo de la Memoria, la recuperación de un espacio público en Guayaquil destinado a niñas, niños y adolescentes, y que la Asamblea Nacional declare el 8 de diciembre como día de conmemoración en memoria de los cuatro menores.
Además, el Ministerio de Defensa deberá pagar una indemnización de 10.000 dólares por cada niño, mientras que el Ministerio de Salud deberá brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita a los familiares de las víctimas.
La sentencia también ordena que los ministerios del Interior y de Defensa elaboren protocolos para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en detenciones, especialmente cuando estén involucrados menores de edad, y que la Fiscalía actualice los procedimientos para investigar casos de desaparición forzada.
Según la Corte Constitucional, estas medidas buscan garantizar el derecho a la verdad, preservar la memoria de las víctimas y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el país.
